Empresarios alertan que doble aguinaldo pone en riesgo la sostenibilidad, el empleo y la inversión privada

El pago del segundo aguinaldo para la gestión 2018 pone en aprietos a los empresarios. El sector privado rechazó esta tarde la medida, que en las actuales circunstancias económicas, tiene una triple consecuencia: amenaza la sostenibilidad de los sectores empresariales y de los departamentos con menor crecimiento; pone en riesgo la estabilidad del empleo formal y atenta contra la productividad y la inversión privada.

Así lo hizo conocer el presidente del Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, que refirió que en estos meses, dirigentes de 20 sectores empresariales, microempresarios y representantes de todas las regiones del país, han expresado que no están en condiciones de pagar el segundo aguinaldo, exponiendo razones irrebatibles, que han sido respaldadas por instituciones académicas y de investigación altamente reconocidas.

«Como institución cupular de la actividad empresarial formal en el país, hemos agotado los recursos para demostrar con cifras oficiales, la imposibilidad de muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, para asumir este costo, sin poner en riesgo su viabilidad y los empleos que generan», enfatizó Nostas.

El directivo agregó que no obstante la abundante evidencia, la razonabilidad de la demanda, la desigualdad en el crecimiento de las regiones y los permanentes pedidos, reclamos y advertencias de todos los sectores empresariales, el Gobierno tomó la decisión de seguir adelante con este objetivo político, sin reparar en sus consecuencias y sus efectos, limitándose a ofrecer algunas medidas paliativas como la ampliación del plazo, la posibilidad de pagar un porcentaje en productos y el establecimiento de un límite máximo, inexplicablemente alto; medidas, que en la decisión anunciada por el Gobierno, desnaturalizan las propuestas del sector privado, y lejos de resolver el problema, lo postergan.

Ante tal situación, advirtió que el segundo aguinaldo debilitará la estabilidad macroeconómica, dañará las finanzas públicas del nivel central y subnacionales, postergará proyectos de inversión pública, afectará las reservas internacionales y causará el rezago de la inversión privada en el país.

«Como bolivianos, vemos con extrema preocupación que nuestras necesidades, derechos, demandas no son atendidos. Nuevamente, constatamos que hay una lógica permanente de beneficio a pequeños grupos favorecidos, en detrimento de una población, cuyas oportunidades de desarrollo se están viendo, progresivamente, menguadas. Esperamos que el Gobierno haya valorado las consecuencias de esta definición, que se acumula a una serie de medidas que no contribuyen al desarrollo, crecimiento y progreso de Bolivia. Emplazamos a que la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) pueda explicarle al restante universo de trabajadores formales, a los jóvenes que necesitan incorporarse a la fuerza laboral, a los informales y desempleados, porqué en Bolivia no se puede continuar generando empleo digno. Ellos serán responsables de la precariedad y agotamiento de posibilidades, que un país en desarrollo debe ofrecer a sus ciudadanos», indicó.

Asimismo, señala que a tiempo de ratificar su rechazo al beneficio, advierten que pese a su obligatoriedad, muchas empresas no están en la posibilidad de cumplir con esta injusta obligación.

En consecuencia, exigen la anulación de esta medida, porque ha desvirtuado sus propios objetivos, en cuanto a garantizar equidad, promover la calidad de vida de la población y de los trabajadores.

Cainco rechaza el beneficio

Rosario Paz, presidenta en ejercicio de CAINCO, expresó que, “si bien la resolución de flexibilizar la medida aliviará el flujo de caja de algunas empresas del sector privado, desde el punto de vista estructural el efecto negativo será el mismo”.

Por tanto, Paz reafirmó que el pago del doble aguinaldo perjudicará de forma importante a la actividad económica formal generadora de empleo, reducirá los montos previstos para inversiones y, en definitiva, será contraproducente para el crecimiento económico para el país y la creación de empleo.

La Cainco manifestó desde mayo del presente año varias razones de fondo por las cuales considera que esta medida no debe concretarse. Entre ellas citó:

1) Las empresas están golpeadas por la desaceleración de la economía. Por ejemplo, las utilidades del sector privado han caído 20% en forma acumulada en los últimos tres años.

2) El crecimiento del PIB real no es el parámetro adecuado para determinar la capacidad de las empresas para pagar un sueldo extra. De hecho, el PIB cuantifica volúmenes generales de producción y no ingresos por ventas como lo hacen las empresas, ni menos utilidades. Además, que desconoce la diversidad sectorial y específica de las empresas.

3) Constituye en un impuesto a la contratación de mano de obra. Implica un alza del costo laboral de más de $us660 millones para el sector privado y un aumento del costo por trabajador de 8,5%. Y si le agregamos el incremento salarial de este año, este costo se eleva a casi el 14%. Ya, en promedio, el sector privado formal paga 18 sueldos anuales, incluida la prima; y en el caso de empresas asentadas en regiones fronterizas, se incrementa a 20 sueldos anuales.

4) Es un incentivo a la informalidad laboral. Actualmente 3,8 millones de trabajadores activos no tienen seguro médico (69% del total) y 4,5 millones no aportan para su jubilación (83% del total). La medida empeorará esta situación y hará que más trabajadores se encuentren en vulnerabilidad social.

5) Genera costos importantes para el sector público y menos posibilidades de inversión pública. Al Estado le representa $us300 millones este año, agudizando aún más el déficit fiscal que según el Presupuesto estará en torno a $us3.200 millones. Su efecto también se verá en los ingresos fiscales de 2019, puesto que implicará menor recaudación por Impuesto a las Utilidades de Empresas (UIE) de cerca de $us200 millones. Sumados ambos implican $us500 millones que bien podrían destinarse a la inversión pública.

«Las medidas de flexibilización anunciadas hoy no mitigan los efectos de los puntos citados; y sólo alivian el flujo de caja de las empresas, pero afectan seriamente su rentabilidad», agrega.